PRESENTACIÓN

La verdad es que tiene algo de especial el hecho en sí mismo de que, por octavo año consecutivo, la ciudad de Vitoria acoja estas jornadas dedicadas al estudio del Derecho Concursal; que si empezaron con la modesta aspiración de dedicar unas sesiones al análisis de esta parcela del Derecho Mercantil, aunque transciende sus fronteras, ya no pasan inadvertidas dentro del panorama a veces casi congresual que viene recorriendo en los últimos años la geografía española, aplicando tiempo y esfuerzo al estudio, análisis y revisión de esta delicada materia, hasta el punto de haberse convertido en parada obligatoria dentro de este periplo.

En esta ocasión, el titulo de las Jornadas, cumpliendo con el efecto llamada que al mismo corresponde, aspira a una revisión y puesta a punto del Derecho de la Insolvencia, lo que en buena medida viene avalado, además de la rabiosa actualidad que la crisis y sus trasuntos han conferido a este Sector del Ordenamiento Juridico, por la novedad que entraña la reaparición del Anteproyecto del Texto Refundido de la Ley Concursal.

La Disposición Final 3ª de la Ley 1/2019, de 20 de Febrero, de Secretos Empresariales, ha introducido con inesperado sigilo el mandato habilitante disponiendo un nuevo plazo legal para acometer la anunciada refundición de la Ley.

Ciertamente es muy oportuno introducir una reflexión acerca de la idea misma del Derecho Concursal vigente, y de la oportunidad de la armonización del mismo, porque si algo parece con meridiana claridad, es que se trata de un Derecho sometido a permanente recomposición, como si no terminase nunca de hallar compostura, o como si la dificultad de encontrar el germen de las cosas, hiciese a la expresión de éstas, esencialmente mudable.

Desde luego, partiendo de la conspicua reforma acometida en 2003, que modificara el Derecho Concursal secular, han sido innumerables las ocasiones que el legislador ha buscado para acometer sucesivas reformas, con diferente grado de afectación, y seguramente acaso hasta el punto de desvirtuar, al menos en algunos extremos, la faz del Texto Legal que vio la luz como Ley 22/2003, en el Boletín Oficial del Estado del día 10 de Julio de 2003, para entrar en vigor con carácter general, el día 1de Septiembre de 2004.

Son muchos los cambios ensayados en la concepción legal, y que la praxis judicial del Derecho de la Insolvencia, ha ido decantando, en su tarea de interpretación de la Ley.

En algunas materias claramente se ha experimentado avance, como por ejemplo, en la incorporación y sucesiva mejora en el tratamiento de los procedimientos preventivos de la insolvencia, tendentes a evitar la excesiva judicialización, pero poco conocidos, y tradicionalmente menos utilizados, en el Derecho Español, mas allá de la mención genérica contenida en el artículo 1.175 del Código Civil, en punto a la cesión de los bienes a los acreedores para hacerse pago con el producto liquido de los mismos.

Y al hilo del desarrollo de la idea del tratamiento preventivo, se ha evolucionado también con la introducción del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, en los terrenos siempre tan procelosos del desbordamiento de la responsabilidad patrimonial universal y de la busca de una segunda oportunidad.

Memorable ha sido la incorporación al Derecho Positivo de la regulación de los concursos abocados al fracaso por ausencia de masa, con sus diversas consecuencias.

En otros aspectos, no se han logrado los resultados esperados; es notable a este respecto, el fracaso del convenio, si se esperaba que fuese la solución natural del Concurso; y en la práctica, el colapso sufrido en algunas plazas, ha introducido en ocasiones la búsqueda oportunista del foro de conveniencia, en lo que se conoce en el Derecho Internacional Privado, como “forum shopping”.

Y en este escenario de cambio permanente, aparece de nuevo el Texto Refundido, y a pesar de que el mismo, no es instrumento apto para incluir modificaciones de fondo del marco legal refundido, así como tampoco introducir nuevos mandatos jurídicos inexistentes con anterioridad o excluir mandatos jurídicos vigentes, como reconoce la Exposición de Motivos, introduce, sin embargo, ajustes importantes “para mantener la unidad de las concepciones; para convertir en norma expresa principios implícitos; para completar las soluciones legales colmando lagunas cuando sea imprescindible; y, en fin, para rectificar las incongruencias, sean originarias, sean consecuencia de las sucesivas reformas, que se aprecien en las normas legales contenidas dentro de la misma Ley”.

Resulta imponderable, por ahora, anticipar el devenir de la tramitación parlamentaria del Texto Refundido, pero nada puede ilustrar mejor ese designio y concluir este proemio, que la cita con la que el profesor Angel Rojo introduce el prólogo de la primera edición del excelente Protocolo Concursal, y así va a continuación.

 

“La historia no es clemente ni con los hombres ni con las leyes. Más que por sus aspiraciones juzga por los resultados. Con ese criterio -el único que considera legítimo- ensalza y condena”